Bogotá, Colombia – 29 de marzo de 2017  - Hoy se lanzó el primer Bono de Impacto Social en Colombia, un modelo innovador de financiación de programas sociales que pagará por éxito al obtener resultados de empleabilidad de población vulnerable. Este primer bono busca beneficiar a 514 personas, principalmente de escasos recursos y desplazadas, y que se encuentren desempleadas en Bogotá, Cali y Pereira, a través de una inversión de $2.200 millones de pesos por medio de alianzas de financiación con el sector privado y la cooperación internacional.

Luego de que en noviembre del año pasado se firmara un convenio interinstitucional para poner en marcha en el país este nuevo modelo de financiación, hoy se hace realidad este primer bono -de tres que se realizarán- que será también un proceso de aprendizaje para Colombia y los países en desarrollo, en la generación de conocimiento y recomendaciones para los futuros diseños de proyectos bajo este mismo modelo.

“En este primer bono de impacto social se han unido esfuerzos del Gobierno, el sector privado y la cooperación internacional con el fin de lanzar una iniciativa innovadora. Con esto se quiere lograr la financiación de objetivos de desarrollo sostenible, traducida en este caso en más y mejores empleos. Este mecanismo, de pago por resultados de éxito, adquiere gran importancia en un contexto en el que los fondos dedicados a inversión son limitados", dijo el Embajador de Suiza en Colombia, Kurt Kunz.

El lanzamiento del primer Bono de Impacto Social es una demostración de la eficiencia que se logra cuando se juntan los sectores público, privado y social, para conseguir resultados concretos relativos a la resolución de los problemas sociales que aquejan a Colombia.

Más sobre los Bonos de Impacto Social

Los Bonos de Impacto Social son un modelo innovador que permiten financiar programas sociales bajo un esquema de pago por éxito. Este tipo de financiación busca incrementar la efectividad de la inversión social, la innovación del sector público, promover la flexibilidad para resolver problemáticas sociales y lograr una mejor asignación de los recursos públicos.

Dentro de este esquema, el pagador -quien puede ser el Gobierno sólo o con otros interesados- se compromete a pagar los resultados definidos para el programa social una vez estos sean alcanzados y verificados independientemente por un tercero. Para esto, en un primer momento, los inversionistas de impacto (privados) han proporcionado los fondos iniciales para que un operador lleve a cabo dicho programa o servicio en beneficio de una población vulnerable. Todo esto sucede dentro de un contrato de pago por resultados, de forma tal que se incentiva al sector privado a participar en proyectos sociales al crear oportunidades de inversión que incluyen un retorno, aunando esfuerzos con el Gobierno para realizar intervenciones que generen mayor impacto.