En la comunidad San Benito 2, en Chinandega, nunca falta el agua potable. Incluso durante la peor sequía de los últimos años registrada en 2016, en esta comunidad no ha faltado el líquido.  

Cuando Nora Narváez, sus tres hijos y su marido se mudaron aquí, hace tres años, su primera decisión estuvo relacionada con el acceso a agua. Tenían dos opciones para abastecerse: hacer uso de un pozo artesanal o conectarse al sistema de agua potable de la comunidad. Ellos eligieron la segunda alternativa.

 “Somos cinco personas en la casa, tres niños y dos adultos. Usamos el agua de la llave para tomar, cocinar y asearnos y el agua del pozo la usamos para limpiar la casa y el baño”, cuenta Nora sobre el servicio que le brinda el Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) de San Benito 2.

El CAPS está integrado por personas de la misma comunidad que son elegidas en una asamblea general en la que participan todas las familias. El comité administra, opera y da mantenimiento al sistema de agua, pero principalmente obedece las decisiones de la Asamblea Comunitaria. 

El sistema que abastece a San Benito 2 y a otra comunidad llamada Campana Azul se construyó con el apoyo de la Cooperación Suiza luego del paso del huracán Mitch, que devastó la zona occidental de Nicaragua. Martha Campuzano, coordinadora de la junta directiva del CAPS, recuerda que antes de su construcción los pobladores se abastecían de pozos excavados a mano, pero el huracán hizo que colapsaran las letrinas y esto vino a contaminarlos.

“La fuente de agua es subterránea, por lo que debíamos encontrarla y ahí construir el pozo, luego cavar para llevar la tubería madre desde ese punto hasta la comunidad distante, fueron aproximadamente 7 kilómetros de tubería madre, cada familia beneficiada debió zanjar un tramo”, recuerda Campuzano.

¿Cómo se mantiene el sistema?

En un primer momento el proyecto benefició a 70 familias de ambas comunidades, pero con los años el número de familias se ha incrementado a más de cien. Cada familia cubre los costos del servicio a través del pago mensual de su consumo de agua. Ese consumo, igual que en Managua y otras ciudades, se registra con un micromedidor. 

Según el pago establecido, “cada familia tiene derecho a consumir 10 metros cúbicos al mes y debe pagar un monto mínimo, ya sea que tome el agua o no. Cuando una familia consume más, debe pagar un costo adicional por cada metro extra”, afirma la coordinadora del CAPS. 

En general, toda la gestión que realizan los CAPS depende fundamentalmente de los fondos que se logran obtener a partir del pago por el servicio de agua potable que realizan las familias usuarias. En este sentido, cada CAPS define su propia tarifa. “Este mecanismo nos permite asegurar los costos de operación y a la vez ahorrar para reparaciones mayores”, señala Campuzano.

Las tarifas se aprueban en la Asamblea General, tomando en consideración la capacidad de pago de las familias usuarias, pero también los costos de operación y mantenimiento del sistema, que incluye una factura eléctrica, ya que en el caso de estas comunidades se requiere de bombeo eléctrico. Se procura que cada hogar posea un medidor y el pago se establece a razón de la cantidad de agua consumida utilizando el metro cúbico como unidad de medida.

En algunos casos, principalmente en Mini Acueductos por Bombeo Eléctrico (MABE), que dependen de la energía eléctrica para operar, las tarifas que se establecen para poder cubrir este costo pueden llegar a ser incluso mayores que las aplicadas a las viviendas en las ciudades.

1.2 millones beneficiadas

De acuerdo con la Red de CAPS de Nicaragua, el sector rural opera en desventaja frente al urbano. “A nivel nacional somos 5,800 CAPS que abastecemos con agua a esa población rural en la que Enacal no tiene presencia”, asegura Andrés Orozco, presidente de Red Nacional de CAPS. Según Orozco, el trabajo de los CAPS asegura el agua a una población aproximada de 1.2 millones de personas. El comunitario asegura que “en muchas comunidades aún funcionan sistemas básicos como pozos comunitarios con bombas de mecate. El agua es buena, pero esa tarea consume tiempo a las familias que bien podrían usar en otras actividades productivas”.

Aunque la gestión comunitaria de los servicios de agua y saneamiento data de los años setenta, no fue hasta en los años 90 que los CAPS fueron reconocidos y promovidos por las instituciones y organizaciones ejecutoras de proyectos de agua potable y saneamiento rural, creándose la Ley Especial de Comités de Agua y Saneamiento (Ley 722).

Según la Ley 722, los CAPS deben contar con un registro de usuarios, o base de datos de las familias usuarias del sistema, donde se reporta el tipo de tarifa aplicable y cualquier incidencia, cortes, reconexiones, cambios de llaves, entre otros.

El Ministerio de Salud (Minsa) monitorea periódicamente la calidad del agua en casi todas las fuentes de agua que abastecen el país. Cada 3 o 6 meses el Minsa realiza análisis físicos y bacteriológicos. No obstante, sus resultados no siempre son conocidos por los miembros de los CAPS, según el documento “La gestión de los comités de agua y Saneamiento de Nicaragua”, elaborado por el Centro Humboldt.

A pesar de los esfuerzos protagonizados por los CAPS, los líderes de esas organizaciones coinciden en que aún existen retos. “Hay gente que todavía en la zona rural no tiene acceso a una letrina u otra solución de saneamiento y entonces defecan al aire libre y eso para nosotros es un problema porque se pueden contaminar las fuentes de agua o afectar la salud de la población”, dice Orozco.

La apreciación de Orozco es también compartida por Margarita Gutiérrez, representante de la no gubernamental Ongawa, organización de origen español que desde hace 20 años tiene presencia en Nicaragua. Gutiérrez afirma que la posibilidad de acceder tanto al agua como al saneamiento en las zonas rurales debe ser interpretada como un derecho humano.

“Cuando se habla de agua o saneamiento no es solamente número, cobertura, acceso; cuando se desarrollen proyectos se deben hacer desde la categoría del derecho: disponibilidad, asequibilidad que tiene que ver con el pago de la tarifa por el servicio y la accesibilidad del recurso”, sostiene Gutiérrez.

Al respecto, Carmen Pong, ingeniera civil con especialidad en recursos hídricos, refiere que para hacer una buena gestión del recurso hídrico “tenés que saber también con qué contás y eso implica tener información de lo que está pasando, de lo que se está usando, el potencial del recurso y hacer un balance entre los que tienen la capacidad del cuerpo de agua versus lo que le están extrayendo, hacer un balance y tener unas medidas más eficientes del recurso y también para que no se agote, pero esa tarea le corresponde a Ineter y al Marena, pero no siempre estas instituciones tienen a mano esta información”.

Dada esa problemática de falta de información, según Pong, “queda la buena voluntad de la gente y sus tradiciones, que sabe cuándo sube o baja un río, pero también todo es dinámico, depende mucho de lo que pasa en el entorno, si vos estás deforestando ya no será la misma cantidad de agua que vas a tener en el río, si hay más población va a haber más demanda, si hay más desarrollo hay mayor impulso en la producción agrícola”.

A finales de octubre del año pasado, Ongawa presentó el segundo informe del derecho humano al agua y saneamiento en Nicaragua. El documento refleja que, aunque se ha avanzado en llevar el acceso al agua en la zona rural, paralelamente a este proceso se debe acompañar de educación para la población beneficiada sobre lo que representa el hacer uso de sistemas  de agua potable y saneamiento e higiene.

Según la resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU de agosto de 2010, “el Derecho al Agua Potable y Saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

La gestión comunitaria del agua representa el esfuerzo y aporte que voluntariamente ofrecen los CAPS, quienes de manera organizada colaboran para que la población de las zonas rurales pueda contar con agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible como define la ONU.

Reportaje publicado por El Nuevo Diario