Después de la suscripción del Acuerdo de Paz, Colombia se ha comprometido con una comprensión más holística de los conflictos sobre la tierra y los territorios, lo cual le ha conducido a la identificación de por lo menos 6 estrategias sustanciales, completamente relevantes para la efectiva gestión de soluciones estructurales para esos conflictos. Entre esas estrategias, la restitución de tierras es aún uno de los principales asuntos en la agenda institucional, debido a la importante contribución que ha hecho hasta el momento a las víctimas en situación de desplazamiento en el país. Sin embargo, la restitución no es la única tarea en los retos que enfrentan los conflictos por la tierra en Colombia. En concordancia con el Acuerdo de Paz, el país tiene la posibilidad de construir soluciones duraderas, a través de: (i) la distribución de la tierra; (ii) la formalización de la propiedad rural; (iii) el establecimiento de una jurisdicción agraria; (iv) el fortalecimiento de los mecanismos alternativos para la gestión de conflictos sobre la tierra; (v) la construcción participativa de procesos de ordenamiento territorial; y, (vi) la continuidad del proceso de restitución.

En adición, esas estrategias necesitan de comunidades informadas (poblaciones rurales, asociaciones regionales y ONG’s acompañantes), de autoridades territoriales involucradas, y de instituciones fuertes y capaces (en el nivel local, regional y nacional), trabajando todos articuladamente para alcanzar el mismo objetivo: “hacer del campo un escenario de paz para las poblaciones rurales”. Ésa es la razón por la cual los sectores sociales han tomado un rol cada vez mayor en la gestión de conflictos, y por lo que el Gobierno Colombiano ha creado una nueva institucionalidad para enfrentar esos desafíos.

Así, actualmente, la Unidad de Restitución de Tierras no es la única llamada a buscar soluciones para los conflictos sobre la tierra y los territorios; ahora, ella también debe ser apoyada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia de Renovación Territorial (ART).

Todas esas instituciones también necesitan el acompañamiento de la Procuraduría General de la República y de la Defensoría del Pueblo, especialmente por su jurisdicción nacional en asuntos que involucran la protección de derechos humanos.

Así, el carácter distintivo del actual contexto en Colombia es la articulación entre todos los actores interesados.

Avanzar en la gestión de soluciones estables y duraderas a conflictos sobre la tierra en siete departamentos de Colombia, mediante el empleo del enfoque de Acción Sin Daño, y sus metodologías de análisis.

400 representantes de las comunidades rurales, de los 7 departamentos seleccionados, dentro de los cuales se contará con la participación de mínimo el 30% de representantes mujeres, así: 280 hombres, y 120 mujeres.

330 delegados de las entidades oficiales, así: 140 funcionarios de las entidades territoriales y de las autoridades étnicas de las regiones donde se realizará la intervención, 90 funcionarios del Ministerio Público, seleccionados equitativamente entre la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría Nacional del Pueblo, en sus delegadas de Asuntos de Tierras y Agrarios, delegadas Provinciales y Regionales,  50 Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras y, según designación relevante del Consejo Superior de la Judicatura, 50 funcionarios de URT, ANT, ADR, ART (instituciones competentes en materia agraria).

Efecto 1: Líderes rurales fortalecen sus capacidades para gestionar casos estratégicos de conflictos territoriales, a través de los mecanismos administrativos, judiciales o alternativos de tramitación de controversias, desde el enfoque de ASD.

Efecto 2: Funcionarios públicos (de Gobierno, Judiciales y del Ministerio Público), diseñan e implementan estrategias de gestión articulada de conflictos territoriales y una metodología de monitoreo al cumplimiento de sentencias de restitución de derechos territoriales.

Efecto 3: Comunidades y funcionarios públicos documentan y tramitan de manera articulada conflictos territoriales a través de Observatorios de Universidades Locales y mesas de diálogo mediante el enfoque de ASD.

Efecto 4: La Procuraduría General de la Nación asegura una mayor calidad de intervención en la gestión de conflictos por la tierra en favor de la protección de los actores más vulnerables, mediante un nuevo sistema de fortalecimiento de capacidades para funcionarios del Ministerio Público, concentrado en derechos territoriales.

Efecto 5: Los socios del Proyecto monitorean el cumplimiento de casos que aplicaron el enfoque de ASD, en fase de post-fallo y restitución, para valorar su contribución a la protección del derecho a la restitución, e incidir en respuestas institucionales en los casos donde no se haya alcanzado su garantía.

Risultati principali attesi:  

Key outputs

Output 2: Rural communities increase their knowledge and use the available mechanisms to manage 20 cases of conflicts over land and territories, among which, at least 1 would be developed under the ethnic perspective.

Output 4: The competent public officials, involved in the implementation of Land Public Policy (LRU, LNA, RDA, RTA), as well the territorial authorities, access to analysis tools (Situational Analysis Tool and others) and mechanisms to manage conflicts over land and territories, and exchange experiences to develop 3 regional intervention strategies. 

Output 5: Members of public institutions, guaranteeing human rights (Ombudsman Office and Procurator Lands Office), increase their knowledge and ability to straighten alliances and display articulated efforts, in order to oversight the mechanisms to manage/transform conflicts over land and territories, and participate in the building process of solutions, in 4 strategic cases. 

Output 6: Restitution Judges debate on concrete problems over the monitoring process of restitution rulings and the enforcement of sentences (post-ruling), and create one practical methodology for this purpose.   

Output 9: The national and local team works with a Communication for Development Strategy to disseminate periodically the project’s advances.

Risultati fasi precedenti:  

-Incorporación de la Herramienta de Análisis Situacional como un paso indispensable en las fases de micro-focalización adelantadas por la URT, lo cual significa que el análisis de contexto se ha convertido en obligatorio previo a la definición de lugares que pueden ser incluidos en los procedimientos de restitución.

-Implementación de un proceso de capacitación para jueces pertenecientes a diferentes jurisdicciones transicionales, que les permitió identificar los obstáculos comunes y las dificultades que enfrentan al resolver casos sobre conflictos territoriales e introducir elementos básicos para esas decisiones.

-Desarrollo de un análisis colectivo con las instituciones del SNARIV sobre el impacto de su actuación, y producción de un conjunto de recomendaciones para incorporar el enfoque de Acción sin Daño en su labor.

Socios Nacionales:  Procuraduría General de la Nación (PGN), Pontificia Universidad Javeriana (OTEC) y Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

(Hasta diciembre de 2019, también fue socio la Universidad Nacional de Colombia).

Socios Locales:  Universidad de Los Llanos, Universidad de La Amazonía, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Cartagena y Universidad de Córdoba.   

Fase 4 15.07.2017 - 31.08.2020   (Completed)