También en los países en desarrollo escasean las tierras de cultivo. Además de las obras de infraestructura y los centros urbanos en expansión, también las inversiones en grandes explotaciones agrícolas reclaman el uso de tierras utilizadas por los pequeños agricultores. Es necesario establecer amplias regulaciones que garanticen a los grupos de población rural más pobres un acceso seguro y justo a la tierra y a otros recursos naturales. La COSUDE está comprometida con el establecimiento de dichas regulaciones a escala mundial, nacional y regional.

En el punto de mira de la cosude

La COSUDE se implica en particular con los grupos de población rural más pobres por un acceso seguro y justo a la tierra y otros recursos naturales, tales como el agua. Además de tratarse de fundamentos vitales, son también importantes medios de producción para los pequeños agricultores. Con el derecho agrario se determina si existe la posibilidad de ejercer el derecho al uso y control de la tierra, las áreas de pesca y los bosques y, en caso afirmativo, estipula cómo puede ejercerse. En la lucha contra el hambre y la pobreza, es crucial garantizar el derecho al uso y la propiedad de la tierra.

Con el propósito de reducir el hambre y la pobreza entre los grupos de población más pobres, la COSUDE apoya a los gobiernos en la elaboración, aplicación y control de una política de uso de la tierra justa y transparente, que reconozca todos los derechos de uso existentes (individual, colectivo y derivado de las costumbres).

Al mismo tiempo, la COSUDE promueve la participación de todas las partes interesadas en la elaboración de dichos fundamentos y brinda apoyo a las comunidades locales y a las organizaciones de campesinos a fin de que puedan ejercer los derechos de uso de la tierra que les corresponden. La COSUDE considera importante que el sector privado participe activamente en estos procesos.

A escala mundial, la COSUDE participa de forma activa en la creación y aplicación de reglamentaciones específicas que promuevan un derecho agrario y un uso del suelo justos y fijen criterios para unas inversiones agrarias responsables.

Directrices y principios para una gobernanza responsable de la tierra

Como miembro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (Committee on World Food Security, CFS), Suiza participó en 2012 de manera decisiva en la elaboración de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra (Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land) de la ONU, actualmente en vigor. En los dos años siguientes, Suiza dirigió las negociaciones sobre principios complementarios de las directrices para determinar cómo puede asegurarse la inversión responsable en el sector agrícola y alimentario (Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems). Llevó a buen término el proceso en 2014 con la adopción de dichos principios. La COSUDE, junto con otros Estados, el sector privado, representantes de la sociedad civil e instituciones de la ONU, apoya de forma activa la implementación de dichas directrices y principios. Con las directrices se persigue el objetivo de garantizar a todos los derechos de uso de la tierra y hacer posible la inversión en métodos de producción más eficaces. 

Asimismo, la COSUDE brinda ayuda a la ejecución de la política sobre derecho agrario de la Unión Africana, adoptada en 2009, que promete un acceso justo y un uso eficaz y sostenible de la tierra. A tal efecto, la COSUDE colabora estrechamente con el Centro Africano de Política de Tierras (African Land Policy Centre), instancia competente para la aplicación de la política de derecho agrario de la Unión Africana. Asimismo, la COSUDE amplía la pericia de los responsables implicados y administrativos, con el objetivo de que puedan juzgar con mayor eficacia el contenido de los contratos de inversión en propiedad y uso de la tierra.

Contexto

Aproximadamente el 70% de los más de 800 millones de personas que padecen desnutrición crónica en los países en desarrollo vive en el campo y la gran mayoría se dedica a la agricultura o ganadería. Para dichos grupos, es fundamental contar con un acceso seguro a la tierra y a otros recursos naturales. Reviste también especial importancia el acceso seguro a la tierra para la población urbana en fuerte aumento, tanto para viviendas como para la producción de alimentos en pequeños huertos (agricultura urbana).

La inversión agraria puede influir amplia y negativamente sobre la seguridad alimentaria de grupos de población locales. El legítimo llamamiento a mayores inversiones en el ámbito agrícola se concentró a menudo en la dimensión económica y dejó de lado las cuestiones sociales y ecológicas. Como consecuencia de ello, se limitó con frecuencia el acceso a la tierra y a otros recursos naturales como el agua. Además, tales prácticas traen aparejada una reducción de la biodiversidad y debilitan los sistemas ecológicos frágiles. En varios casos, se señalaron también graves violaciones de los derechos humanos.

Con frecuencia, se financian las inversiones agrarias sin o con una consulta mínima por parte de las poblaciones agrícolas afectadas. En la mayoría de las grandes transacciones en relación con la propiedad y el uso de la tierra, la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia a todos los niveles. A escala nacional, raramente se invita a los ministerios competentes y a los parlamentos a evaluar proyectos de inversión a través de la adquisición y del arriendo de grandes superficies de terreno. Si se implica a los responsables de tomar decisiones y a los políticos, ellos a menudo no poseen los conocimientos necesarios para evaluar con precisión toda cuestión vinculada a la configuración jurídica y la formalización de contratos de inversión a escala nacional.

Son necesarias directrices y principios en materia de derechos de propiedad de la tierra, como los promueve la COSUDE, a fin de que se acceda de manera constante a información actualizada sobre las transacciones. El diálogo con todas las partes interesadas, incluidos el sector privado y los representantes de los gobiernos, contribuye a crear las condiciones para que se tomen en consideración las necesidades e inquietudes de los grupos desfavorecidos en el marco de los procesos de toma de decisión. Los grupos afectados pueden así recurrir a procedimientos de queja para exigir la rendición de cuentas al gobierno o a los inversores y, llegado el caso, obtener una compensación adecuada.

Suiza es consciente de que solo se pueden hallar soluciones a cuestiones existenciales, tales como el acceso a la tierra (uso o propiedad), implicando a todos los interesados, si se desea prevenir la aparición de conflictos.